1. Introducción y contexto ampliado: El Salvador es una economía pequeña, muy abierta y fuertemente integrada con Estados Unidos a través del comercio, la migración y las remesas familiares. Desde 2001, el país se encuentra completamente dolarizado, lo que implica renunciar a la política monetaria propia y depender del dólar estadounidense como medio de pago, unidad de cuenta y reserva de valor. En este entorno, la estabilidad del tipo de cambio está garantizada por el uso del dólar, pero la política macroeconómica se apoya sobre todo en la política fiscal y en la solidez del sistema financiero. Pese a ciertos avances, a comienzos de la década de 2020 persistían desafíos estructurales: bajo crecimiento potencial, informalidad elevada, brechas sociales y una fuerte dependencia de remesas que rondaban una cuarta parte del PIB. En 2021, el anuncio presidencial de convertir a Bitcoin en moneda de curso legal se presentó como una apuesta disruptiva para mejorar estos indicadores y posicionar al país en la vanguardia de la innovación financiera (https://www.imf.org/en/publications/cr/issues/2025/03/19/el-salvador-selected-issues-565394).

2. Definiciones y conceptos clave: Bitcoin es un criptoactivo basado en tecnología de registro distribuido (blockchain), sin emisor soberano ni respaldo de activos tradicionales. Su suministro está programado, pero su precio es extremadamente volátil porque depende de expectativas de mercado, episodios de euforia y correcciones abruptas. Estudios empíricos sobre negociación minorista de criptoactivos muestran que muchos inversores entran en el mercado después de fuertes subidas de precio y terminan sufriendo pérdidas cuando los precios se corrigen, lo que subraya el carácter especulativo del activo para el público general (https://www.bis.org/publ/work1049.pdf). El curso legal implica que una moneda debe aceptarse para el pago de obligaciones financieras y comerciales, y que el Estado normalmente facilita su uso y conversión. A diferencia de una moneda fiduciaria tradicional, un criptoactivo como Bitcoin no cuenta con el respaldo de un banco central que pueda proporcionar liquidez de emergencia o estabilizar el valor. La inclusión financiera, por su parte, abarca tanto el acceso físico y digital a servicios formales (cuentas, medios de pago, crédito) como la capacidad de usarlos de manera segura, asequible y adecuada a las necesidades de hogares y empresas.

3. Diagnóstico previo: baja inclusión, alta informalidad y dependencia de remesas: Antes de la adopción de Bitcoin, El Salvador presentaba niveles de inclusión financiera relativamente bajos. Datos del Global Findex del Banco Mundial citados en análisis del FMI indican que alrededor de un 36 % de los adultos poseía una cuenta en una institución financiera, por debajo del promedio latinoamericano y de países de ingreso similar (https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2025/068/article-A001-en.xml). La exclusión era especialmente marcada entre mujeres, jóvenes, población de menores ingresos y zonas rurales. Muchas pequeñas empresas dependían de prestamistas informales para financiar capital de trabajo, con condiciones opacas y tasas implícitas muy elevadas. La infraestructura bancaria presencial se fue reduciendo en línea con tendencias globales de digitalización, pero sin que la conectividad a internet ni la educación financiera creciesen lo suficiente como para compensar ese cierre de oficinas. Las remesas, equivalentes a cerca del 26 % del PIB en 2021, se canalizaban mayoritariamente por empresas remesadoras y bancos, con costos que, aunque habían bajado con el tiempo, seguían siendo relevantes para los hogares receptores (https://www.imf.org/en/publications/cr/issues/2025/03/19/el-salvador-selected-issues-565394).

4. Objetivos declarados de la estrategia Bitcoin: El Gobierno planteó la Ley Bitcoin como herramienta multifuncional. En lo social, se argumentó que permitiría bancarizar de forma rápida a la población no atendida por el sistema financiero tradicional, gracias a billeteras digitales gratuitas y de fácil apertura. En el ámbito de remesas, se prometió reducir comisiones y tiempos de envío al utilizar redes de Bitcoin y soluciones de segunda capa. A nivel de crecimiento e inversión, la narrativa oficial enfatizaba el potencial de atraer turistas, nómadas digitales y empresas cripto interesadas en un entorno regulatorio favorable, con exenciones fiscales sobre ganancias de capital y un marco de activos digitales amigable (https://www.imf.org/en/publications/cr/issues/2025/03/19/el-salvador-selected-issues-565394). Además, se sugirió que un eventual aumento del valor de las tenencias de Bitcoin del sector público podría generar ganancias de valoración que apoyarían las finanzas públicas.

5. Cronología y marco legal: La secuencia clave comienza en junio de 2021, cuando se anuncia la intención de adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Pocas semanas después, la Asamblea Legislativa aprueba la Ley Bitcoin, que establece la coexistencia del dólar estadounidense y Bitcoin como monedas oficiales, con obligación de aceptación salvo imposibilidad tecnológica. La ley también obliga al Estado a garantizar mecanismos gratuitos y automáticos de convertibilidad entre ambas monedas. Tras un periodo de preparación de tres meses, la norma entra en vigor el 7 de septiembre de 2021. Para sostener la conversión, se crea el fideicomiso FIDEBITCOIN, financiado con fondos públicos, y se lanza la billetera gubernamental Chivo. En 2021, en paralelo, el banco central introduce Transfer365, un sistema de pagos instantáneos en dólares interoperable entre entidades financieras. En enero de 2023 se aprueba una Ley de Activos Digitales que habilita la emisión pública y privada de instrumentos tokenizados, con un régimen fiscal muy favorable y un supervisor especializado distinto del regulador de valores tradicional (https://www.imf.org/en/publications/cr/issues/2025/03/19/el-salvador-selected-issues-565394). Posteriormente, el país firma con el FMI un acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo para apoyar un programa de consolidación fiscal y reformas estructurales, dentro del cual el tratamiento del proyecto Bitcoin se vuelve un tema de negociación (https://www.imf.org/es/news/articles/2024/12/18/pr-24485-el-salvador-imf-reaches-staff-level-agreement-on-an-eff-arrangement).

6. Mecanismos de implementación: Chivo, FIDEBITCOIN y Transfer365: La estrategia Bitcoin descansa sobre dos pilares principales. El primero es el reconocimiento legal, que obliga a los comercios a aceptar Bitcoin y permite expresar precios y pagar impuestos en la criptomoneda, manteniendo al dólar como moneda de referencia contable. El segundo es la intervención directa del Estado mediante la billetera Chivo, que ofrece depósitos y pagos en Bitcoin y dólares, convertibilidad instantánea y gratuita entre ambos, una red de cajeros automáticos y un bono de 30 dólares en Bitcoin para incentivar la adopción. Chivo opera, en la práctica, como un intermediario centralizado que registra saldos en una base de datos propia y utiliza tecnología de segunda capa para abaratar y acelerar las transacciones en Bitcoin, exponiendo a los usuarios a riesgos de contraparte y operativos. FIDEBITCOIN, alimentado con recursos públicos, respalda la paridad en la conversión BTC-USD dentro del ecosistema oficial y financia el bono y los costos de transacción, con un costo fiscal estimado cercano al 0,7 % del PIB (https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2025/068/article-A001-en.xml). Mientras tanto, Transfer365 permite transferencias inmediatas en dólares entre cuentas bancarias y de dinero electrónico, y se ha consolidado como infraestructura clave para pagos digitales, aunque requiere que el usuario tenga una cuenta formal (https://www.imf.org/en/publications/cr/issues/2025/03/19/el-salvador-selected-issues-565394).

7. Evidencia de adopción y resultados tras los primeros años: A medida que se dispone de encuestas y datos administrativos, el balance preliminar resulta sobrio. Las descargas iniciales de Chivo fueron elevadas, impulsadas por el bono de 30 dólares, pero numerosos usuarios abandonaron la aplicación después de cobrar el incentivo. Encuestas empresariales indican que la proporción de negocios que ha realizado al menos una venta en Bitcoin es mínima, muy por debajo de la adopción de pagos con tarjeta u otros medios electrónicos en dólares. Estimaciones oficiales sugieren que solo alrededor de un 2 % de las remesas se ha canalizado por billeteras cripto en períodos recientes, mientras que el resto sigue llegando por canales tradicionales (https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2025/068/article-A001-en.xml). El FMI concluye que, más de un año después de la implementación, no se observan mejoras visibles en inclusión financiera ni en remesas digitales atribuibles a Bitcoin (https://www.imf.org/en/publications/cr/issues/2025/03/19/el-salvador-selected-issues-565394). Las encuestas de opinión recogen una visión mayoritariamente crítica del proyecto, con amplios segmentos de la población que lo consideran fallido o que rechazan destinar más recursos públicos a su sostenimiento.

8. Riesgos fiscales, financieros, regulatorios y tecnológicos: El proyecto Bitcoin ha requerido desembolsos significativos en subsidios, infraestructura y reservas para la convertibilidad, lo que genera contingencias fiscales adicionales en un país con espacio fiscal limitado. Las compras de Bitcoin para el balance público se exponen a la volatilidad extrema del precio, con posibles pérdidas de valoración que pueden afectar la sostenibilidad fiscal. En el ámbito financiero, la ausencia de un emisor soberano que respalde Bitcoin impide utilizarlo como ancla de estabilidad para precios o depósitos; al contrario, su volatilidad lo convierte en un activo riesgoso como medio de pago cotidiano y reserva de valor de corto plazo. Desde la perspectiva de protección al consumidor, se han reportado fallas técnicas, suplantación de identidad y poca claridad en la información ofrecida por Chivo, en un entorno de baja educación financiera. En el plano regulatorio y de integridad financiera, la adopción de criptoactivos plantea riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo si no se acompaña de marcos sólidos de supervisión y cumplimiento. El BIS, en sus análisis sobre activos cripto y encuestas a bancos centrales, subraya que la mayoría de las autoridades monetarias prefiere fortalecer pagos instantáneos y explorar monedas digitales de banco central (CBDC) antes que integrar criptoactivos no respaldados en el núcleo del sistema monetario (https://www.bis.org/publ/work1049.pdf; https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap125.htm).

9. Gobernanza, transparencia y relación con el FMI: Un elemento crítico es la gobernanza del proyecto y la transparencia sobre flujos y posiciones. La información pública sobre el balance de Chivo, el uso detallado de FIDEBITCOIN y las tenencias de Bitcoin del sector público es limitada, lo que dificulta cuantificar con precisión las pérdidas o ganancias realizadas y los riesgos contingentes (https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2025/068/article-A001-en.xml). El FMI ha insistido en la importancia de mejorar la transparencia, salvaguardar los recursos públicos y fortalecer el marco de estabilidad financiera. En el contexto de un acuerdo de 40 meses bajo el Servicio Ampliado del Fondo (EFF), las autoridades se han comprometido con una senda de consolidación fiscal, reformas en pensiones, adopción de normas de Basilea III y un marco AML/CFT más robusto (https://www.imf.org/es/news/articles/2025/12/22/pr25440-el-salvador-imf-staff-statement-on-el-salvador). Las negociaciones incluyen la posible venta de la billetera Chivo a un operador privado y la revisión de la estrategia Bitcoin para mitigar riesgos y priorizar el uso eficiente de los recursos públicos (https://www.imf.org/es/news/articles/2025/12/22/pr25440-el-salvador-imf-staff-statement-on-el-salvador; https://www.imf.org/es/news/articles/2024/12/18/pr-24485-el-salvador-imf-reaches-staff-level-agreement-on-an-eff-arrangement).

10. Experiencia comparada y marco internacional: El caso salvadoreño contrasta con la trayectoria de la mayoría de países, que han optado por fortalecer sistemas de pagos de alta eficiencia en sus monedas nacionales, así como por estudiar o pilotear CBDC minoristas y mayoristas. La encuesta de 2021 del BIS sobre monedas digitales y pagos revela que la inmensa mayoría de bancos centrales está investigando o desarrollando CBDC, mientras que muy pocos consideran adoptar criptoactivos privados como moneda de curso legal (https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap125.htm). A nivel regional, varios países latinoamericanos han avanzado en pagos instantáneos, billeteras interoperables y regulación fintech, sin recurrir a la adopción de Bitcoin como moneda oficial. Este contraste refuerza la idea de que la innovación en pagos y la inclusión financiera puede impulsarse sin introducir riesgos adicionales derivados de la volatilidad y la gobernanza de criptoactivos no respaldados.

11. Lecciones de política y recomendaciones accionables: La experiencia muestra que los principales obstáculos a la inclusión financiera en El Salvador están relacionados con la falta de recursos, la baja educación financiera, los costos y requisitos de las instituciones, y la limitada infraestructura física y digital, más que con la ausencia de un activo digital específico. Por tanto, las políticas públicas con mayor potencial incluyen: fortalecer infraestructuras de pagos instantáneos en moneda estable como Transfer365; permitir la entrada de proveedores de dinero electrónico y fintech bajo una regulación prudente; simplificar cuentas de bajo monto; y profundizar programas de educación financiera adaptados a lo digital (https://www.imf.org/en/publications/cr/issues/2025/03/19/el-salvador-selected-issues-565394). También es clave asegurar la transparencia y la rendición de cuentas sobre cualquier exposición pública a criptoactivos, incluyendo criterios claros para futuras compras o ventas. En el plano regulatorio, conviene desarrollar un marco integral para proveedores de servicios de activos virtuales alineado con estándares internacionales AML/CFT, así como mecanismos de protección al consumidor (divulgación de riesgos, resolución de disputas, ciberseguridad). Finalmente, la comunicación debe ser prudente, evitando mensajes que presenten a Bitcoin como solución rápida a problemas estructurales de crecimiento o inclusión.

12. Conclusiones ampliadas: El Salvador ha realizado un experimento pionero al otorgar a Bitcoin el estatus de moneda de curso legal, lo que generó enorme atención global pero también una compleja agenda de riesgos y desafíos. La evidencia disponible indica que, hasta ahora, la estrategia no ha producido los beneficios prometidos en inclusión financiera, remesas o desarrollo productivo, mientras que sí ha generado costos fiscales, riesgos de estabilidad financiera y tensiones con marcos de gobernanza y transparencia (https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2025/068/article-A001-en.xml; https://www.imf.org/en/publications/cr/issues/2025/03/19/el-salvador-selected-issues-565394). La cooperación con el FMI y otros organismos ofrece una oportunidad para reequilibrar la agenda hacia la consolidación fiscal, el fortalecimiento regulatorio y el desarrollo de pagos digitales en moneda estable. La experiencia salvadoreña proporciona lecciones valiosas para otros países: la tecnología financiera puede ser una herramienta poderosa para la inclusión, pero su éxito depende de diagnósticos realistas, marcos institucionales sólidos y una gestión prudente de los riesgos, más que de apostar por activos altamente volátiles como pilar del sistema monetario.