1. Introducción y marco conceptual El sistema público de pensiones en España forma parte del conjunto de políticas de protección social orientadas a asegurar ingresos de sustitución cuando se pierde o reduce la capacidad de generar rentas laborales. Su finalidad principal es proteger frente a la vejez, la incapacidad, la muerte del sustentador principal del hogar y otras contingencias. Se organiza como un sistema de Seguridad Social, de carácter obligatorio para la mayoría de trabajadores, complementado por esquemas profesionales y ahorro individual voluntario. El modelo se basa en el principio de reparto: las cotizaciones de los trabajadores activos y las aportaciones de las empresas financian las prestaciones de los pensionistas actuales. No se acumulan cuentas individuales de capitalización, sino que existe un contrato social intergeneracional respaldado por el Estado. La mayor parte de las prestaciones son de prestación definida: la ley fija cómo se calcula la cuantía en función de las bases de cotización históricas y de los años cotizados. La Constitución española establece el deber de los poderes públicos de mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, garantizando prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. Sobre esta base constitucional se ha desplegado una legislación específica que regula la estructura del sistema, los requisitos de acceso, las bases de cotización y las modalidades de pensión. 2. Arquitectura institucional del sistema El sistema de pensiones se articula principalmente a través del Régimen General de la Seguridad Social, al que están adscritos la mayoría de los asalariados. Junto a él operan regímenes especiales (trabajadores autónomos, empleados de hogar, mar, minería del carbón y algunos otros colectivos), que introducen matices en normas de cotización, bases mínimas y máximas, y modalidades de protección. Además de la Seguridad Social, existe el régimen de Clases Pasivas del Estado, que cubre a determinados funcionarios de la Administración central y fuerzas armadas, con reglas históricamente diferenciadas y financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Existen también otros sistemas vinculados al empleo, principalmente planes de pensiones de empleo y otros instrumentos complementarios. En la práctica, el sistema se estructura en tres pilares: un pilar público básico obligatorio (Seguridad Social y Clases Pasivas), un segundo pilar constituido por planes y fondos de pensiones de empleo u otros esquemas profesionales, y un tercer pilar de ahorro voluntario individual (planes individuales de pensiones, seguros de jubilación y otros productos financieros). El peso dominante recae en el pilar público. 3. Tipología de pensiones y reglas de acceso Las pensiones contributivas se reconocen a quienes han cotizado un número mínimo de años y cumplen determinados requisitos de edad o de situación. Las principales son: - Jubilación contributiva: exige una edad mínima legal (sujeta a incrementos graduales) y un periodo mínimo de cotización. La cuantía se calcula aplicando un porcentaje, ligado a los años cotizados, sobre una base reguladora formada por la media de las bases de cotización de un número determinado de años previos. - Incapacidad permanente: protege a quienes ven reducida de forma relevante y duradera su capacidad laboral. Se distinguen grados (parcial, total, absoluta, gran invalidez), con efectos en la cuantía y compatibilidad con el trabajo. - Viudedad y orfandad: se conceden a supervivientes de un afiliado o pensionista fallecido, con porcentajes específicos sobre la base reguladora y requisitos de convivencia, dependencia económica o edad. - Pensiones en favor de familiares: cubren a otros parientes que dependían económicamente del causante. Las pensiones no contributivas se destinan a personas que no han cotizado lo suficiente o carecen de historial contributivo, pero se encuentran en situación de necesidad económica. Requieren cumplir criterios de residencia y límites de ingresos y se financian íntegramente mediante impuestos generales, no con cotizaciones. Existen, además, complementos a mínimos para quienes, habiendo generado derecho a una pensión contributiva, no alcanzan ciertos umbrales de cuantía considerados mínimos de protección, y prestaciones asistenciales complementarias en casos determinados. 4. Mecanismos de cálculo y revalorización La cuantía de la pensión contributiva depende de tres grandes parámetros: la edad de jubilación, los años cotizados y la base reguladora. A medida que se amplía el periodo de cómputo, la base media se hace más representativa de la trayectoria laboral completa, reduciendo el peso de los últimos años de cotización. El porcentaje aplicable sobre la base reguladora se incrementa con los años cotizados hasta alcanzar un máximo a partir de un determinado umbral. La pensión suele estar sujeta a topes mínimos y máximos, así como a factores de reducción o bonificación en caso de jubilación anticipada o retrasada. La jubilación anticipada suele conllevar coeficientes reductores permanentes sobre la cuantía, mientras que la prolongación de la vida laboral, más allá de la edad ordinaria, puede generar incrementos adicionales. La revalorización anual determina cómo evoluciona la pensión ya reconocida. Históricamente se han aplicado distintas reglas, vinculadas a la inflación o a índices específicos. La elección de la fórmula de revalorización tiene un impacto muy relevante sobre el gasto en pensiones y sobre la suficiencia de las prestaciones en el tiempo. 5. Financiación, balance y dimensión actuarial La financiación del sistema se sustenta en las cotizaciones sociales, calculadas como un porcentaje del salario (hasta un tope máximo) a cargo de empresarios y trabajadores. Las cotizaciones cubren, principalmente, las prestaciones contributivas, mientras que otras prestaciones, bonificaciones y gastos se financian con impuestos generales mediante transferencias del Estado. Durante los años de expansión económica anteriores a la crisis financiera, la Seguridad Social registró superávits significativos que permitieron constituir un Fondo de Reserva. Más tarde, el deterioro del mercado laboral, el aumento del número de pensionistas y la mejora relativa de las cuantías llevaron a una situación de déficit. El Banco de España cuantifica que en 2015 el déficit del sistema de la Seguridad Social fue del 1,5 % del PIB, frente a un superávit del 2,2 % en 2007, principalmente por el incremento del gasto en pensiones contributivas, el aumento de la tasa de dependencia y la caída de la tasa de empleo (https://www.bde.es/wbe/es/publicaciones/analisis-economico-investigacion/documentos-ocasionales/sistema-publico-pensiones-espana-situacion-actual--retos-y-alternativas-reforma.html). Desde una perspectiva actuarial, el INE estima y publica los derechos de pensión devengados en los sistemas de seguros sociales mediante la Tabla de Pensiones. A 31 de diciembre de 2021, el total de derechos de pensiones de seguros sociales en España se situó en 6.193.940 millones de euros, un 3,9 % más que en 2020, con un peso notable de la Seguridad Social y del sistema de Clases Pasivas (https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177063&menu=ultiDatos&idp=1254735576581). 6. Información estadística y seguimiento del sistema La evaluación del sistema de pensiones requiere un seguimiento estadístico continuo. La Estadística de Pensiones Contributivas del Sistema de la Seguridad Social, gestionada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y difundida a través del INE, proporciona resultados mensuales con desagregación por régimen, tipo de pensión, sexo, edad, rango de importes, grado de incapacidad, país de residencia y otros criterios. Esta operación estadística permite analizar el número de pensiones, los importes medios, los complementos a mínimos y los movimientos de altas y bajas, con cobertura de todo el territorio nacional (https://ine.es/dyngs/IOE/es/operacion.htm?id=1259931083882). Junto a estas estadísticas periódicas, instituciones como el Banco de España publican documentos ocasionales y estudios que analizan la situación, los retos y las alternativas de reforma del sistema público de pensiones, integrando proyecciones demográficas, escenarios de empleo y simulaciones de gasto y de ingresos (por ejemplo, https://repositorio.bde.es/handle/123456789/22497?locale=es; https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/17/Fich/do1701.pdf; https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/economia/Arc/eco171117.pdf). 7. Retos demográficos, económicos e institucionales El sistema de pensiones se enfrenta a un proceso de envejecimiento de la población, fruto del aumento sostenido de la esperanza de vida y de la reducción de las tasas de natalidad. Esto incrementa la proporción de personas en edad de jubilación respecto a la población en edad de trabajar, elevando la tasa de dependencia y presionando al alza el gasto en pensiones como porcentaje del PIB. La evolución del mercado de trabajo también es determinante: los niveles de empleo, la calidad del mismo, la productividad y los salarios influyen directamente en las cotizaciones. Las carreras laborales más fragmentadas, con períodos de desempleo, parcialidad o informalidad, pueden traducirse en bases de cotización más bajas y en lagunas que reducen las pensiones futuras. A nivel institucional, el sistema precisa de reglas estables, previsibles y comprensibles para la ciudadanía, que permitan adaptar los parámetros a las nuevas realidades demográficas y económicas sin generar cambios bruscos. El Pacto de Toledo actúa como marco de consenso parlamentario para orientar las reformas, con recomendaciones sobre separación de fuentes de financiación, suficiencia y contributividad, equidad intergeneracional y diversificación de fuentes de ingreso. 8. Reformas y alternativas de ajuste Las reformas paramétricas ya aplicadas y propuestas incluyen el aumento gradual de la edad legal de jubilación, el endurecimiento de las condiciones para acceder a la jubilación anticipada, la ampliación del periodo de cómputo para la base reguladora, la revisión de coeficientes reductores y la adaptación de las reglas de revalorización de pensiones. Los análisis del Banco de España plantean conjuntos de alternativas para equilibrar el sistema: combinaciones de retrasos en la edad efectiva de jubilación, ajustes moderados en la tasa de sustitución (relación entre pensión inicial y último salario), incrementos en tipos de cotización, aportaciones adicionales con cargo a impuestos generales y medidas para elevar la tasa de empleo y la productividad (https://www.bde.es/wbe/es/publicaciones/analisis-economico-investigacion/documentos-ocasionales/sistema-publico-pensiones-espana-situacion-actual--retos-y-alternativas-reforma.html; https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/17/Fich/do1701.pdf). Otra línea de actuación es el impulso de los planes de pensiones de empleo y de instrumentos de ahorro previsional complementario, con el objetivo de diversificar las fuentes de renta en la jubilación y reducir la presión sobre el pilar público, manteniendo al mismo tiempo su carácter central y universal. 9. Ventajas, limitaciones y riesgos Entre las ventajas del modelo destacan la cobertura casi universal de la población mayor, la reducción de la pobreza y de la desigualdad en la vejez, la redistribución entre generaciones y colectivos (por ejemplo, mediante bases máximas y mínimas, complementos a mínimos y normas específicas para situaciones de vulnerabilidad) y su papel estabilizador del ciclo económico, al sostener la demanda interna a través de pagos periódicos. Las limitaciones se relacionan con la sensibilidad del sistema a cambios demográficos y económicos. Un descenso prolongado de la natalidad, combinado con un aumento de la longevidad y una baja tasa de empleo, puede tensionar la sostenibilidad financiera. Existen además riesgos de inequidad intergeneracional si los ajustes se cargan de forma desproporcionada sobre cohortes concretas o si la percepción de desequilibrio reduce la legitimidad del sistema. En el plano microeconómico, ciertas trayectorias laborales (empleos temporales o informales, interrupciones prolongadas, cuidados no remunerados) pueden traducirse en prestaciones insuficientes, lo que plantea retos de suficiencia y de diseño de mecanismos de compensación (lagunas de cotización, periodos asimilados, complementos específicos). 10. Recomendaciones prácticas y conclusiones Desde la perspectiva de política pública, resulta clave reforzar la base de cotizantes mediante la promoción de empleo estable y de calidad, la reducción del desempleo estructural, la mejora de la productividad y la ampliación de la participación laboral de mujeres y personas mayores. También es importante asegurar una separación clara entre financiación contributiva y financiación mediante impuestos, de forma que el sistema gane transparencia y se puedan evaluar mejor sus equilibrios. A nivel individual, es recomendable que las personas trabajadoras conozcan sus años de cotización, las bases declaradas y las reglas de cálculo de la pensión, utilizando los informes de vida laboral y las herramientas de simulación disponibles. Conviene planificar la jubilación con antelación, valorar la necesidad de complementar la pensión pública con ahorro privado o con planes de empleo y tener en cuenta el posible impacto de la jubilación anticipada o demorada en la cuantía final. Para empresas y agentes sociales, una línea de actuación consiste en desarrollar planes de pensiones de empleo y otros esquemas complementarios, negociados en el marco de la negociación colectiva, que contribuyan a la diversificación de ingresos futuros de las personas trabajadoras. Para las administraciones, son prioritarias la mejora de la información, la educación financiera y la estabilidad regulatoria. En conjunto, el sistema de pensiones en España combina un pilar público robusto con una creciente atención a pilares complementarios. El envejecimiento poblacional y la evolución del mercado laboral obligan a una revisión continua de parámetros y reglas, pero el mantenimiento de un esquema de protección suficiente y sostenible sigue siendo un objetivo central de la política económica y social (para análisis de situación y perspectivas, véanse, entre otros, https://repositorio.bde.es/handle/123456789/22497?locale=es; https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/17/Fich/do1701.pdf; https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177063&menu=ultiDatos&idp=1254735576581).