1. Definición, alcance y contexto de la transición energética La transición energética en España es un proceso estructural y de largo plazo que persigue transformar el sistema energético hacia un modelo descarbonizado, eficiente, resiliente y socialmente inclusivo. No se limita al cambio tecnológico, sino que abarca reformas regulatorias, nuevos esquemas de financiación, innovación empresarial, cambios en los comportamientos de consumo y políticas activas de empleo y cohesión territorial. La electrificación de la demanda (transporte, climatización, procesos industriales), el despliegue masivo de fuentes renovables, el almacenamiento energético y la digitalización de redes son pilares centrales de este proceso nacional. Este cambio se enmarca en compromisos climáticos y energéticos internacionales, pero se adapta a las particularidades de España: un gran potencial solar y eólico, una estructura productiva con peso relevante de servicios y turismo, territorios con tradición minera o industrial en declive, y una dependencia histórica de las importaciones de combustibles fósiles. La transición energética, concebida así, es a la vez una política climática, industrial, de innovación y de bienestar social. 2. Objetivos, principios y ejes del Marco Estratégico de Energía y Clima El Marco Estratégico de Energía y Clima aprobado en 2019 articula la acción del país alrededor de tres ejes: mitigación, adaptación y transición justa (https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/marco-estrategico-energia-clima.html). La mitigación persigue la reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la descarbonización del sistema energético, la eficiencia y los cambios de patrón de consumo. La adaptación busca reducir la vulnerabilidad de sectores y territorios frente a los impactos del cambio climático, fortaleciendo infraestructuras, planes sectoriales y gestión del riesgo. La transición justa garantiza que trabajadores, sectores y comarcas afectadas por el cierre de centrales térmicas o la reconversión industrial dispongan de alternativas económicas y acompañamiento. Este marco se concreta en varias piezas clave. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética proporciona la arquitectura jurídica para la descarbonización a 2050, fijando objetivos de reducción de emisiones, límites a nuevas concesiones de exploración de hidrocarburos y orientaciones para la fiscalidad verde. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC) define metas intermedias de emisiones, de participación de renovables en el consumo final de energía y de mejora de la eficiencia energética, con horizontes 2030 que sirven como guía para la inversión en generación, redes y demanda (https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/marco-estrategico-energia-clima.html). El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 establece líneas de actuación para sectores como agua, agricultura, salud, infraestructuras o zonas costeras, reforzando la resiliencia frente a fenómenos extremos. La Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo fija la reducción de al menos un 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, pasando de unas 334 MtCO2eq en 2018 a alrededor de 29 MtCO2eq en 2050, con un papel residual de emisiones compensadas por sumideros (https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/marco-estrategico-energia-clima.html). La Estrategia de Transición Justa define instrumentos para planes territoriales específicos, cláusulas sociales en ayudas y mecanismos de participación local. 3. Herramientas sectoriales y planificación energética El Marco Estratégico se acompaña de hojas de ruta temáticas que detallan mecanismos, inversiones y cambios regulatorios en vectores concretos. La Hoja de Ruta del Autoconsumo recoge medidas de sensibilización, formación profesional, simplificación administrativa y cambios técnicos en redes para facilitar la penetración masiva del autoconsumo residencial, comercial e industrial (https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/marco-estrategico-energia-clima.html). La Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable establece una visión 2030-2050, objetivos de potencia de electrólisis y usos prioritarios (industria, movilidad pesada, almacenamiento estacional), así como instrumentos para impulsar la I+D, la cadena de valor industrial y la infraestructura de transporte y almacenamiento. La Hoja de Ruta del Biogás identifica usos en gestión de residuos, agricultura y tratamiento de aguas, detallando incentivos para plantas de digestión anaerobia y la inyección de biometano a red. La Hoja de Ruta de la Eólica Marina y Energías del Mar orienta el despliegue de instalaciones flotantes y otras tecnologías en aguas territoriales, asegurando la compatibilidad con la protección del medio marino y otros usos como pesca o transporte. La Estrategia de Almacenamiento Energético cuantifica las necesidades de almacenamiento a distintos horizontes temporales y tecnologías, desde baterías hasta bombeo hidroeléctrico, y propone medidas para su integración en el mercado eléctrico. La planificación de la red de transporte eléctrica Horizonte 2026 define nuevas líneas, refuerzos y mallados necesarios para integrar porcentajes muy elevados de generación renovable, especialmente en zonas con gran recurso solar y eólico, y para garantizar la seguridad de suministro (https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/marco-estrategico-energia-clima.html). El Plan Más Seguridad Energética (+SE) introduce medidas de corto y medio plazo para amortiguar la volatilidad de precios, reducir la dependencia de combustibles fósiles importados y mejorar la soberanía energética. 4. Financiación, inversión y programas tractores: PRTR y PERTE ERHA La dimensión económica de la transición descansa en parte en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por los instrumentos europeos NextGenerationEU, que destina aproximadamente un 40% de sus recursos a la transición ecológica, incluyendo rehabilitación energética, movilidad sostenible, economía circular y transición energética (https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/marco-estrategico-energia-clima.html). El PRTR impulsa proyectos tractores y reformas estructurales que se retroalimentan para acelerar la modernización del tejido productivo. En este contexto se sitúa el PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE ERHA), que moviliza más de 16.300 millones de euros sumando aportaciones públicas y privadas, para consolidar el liderazgo en tecnologías limpias, electrónica de potencia, soluciones de almacenamiento y vectores como el hidrógeno renovable (https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/marco-estrategico-energia-clima.html). Las ayudas se conceden en régimen de concurrencia competitiva, priorizando proyectos innovadores con alto impacto en descarbonización, empleo y cadena de valor industrial. Dentro del PERTE ERHA, la convocatoria de nuevos modelos de negocio para la transición energética, gestionada por IDAE, destina 156 millones de euros a proyectos innovadores en tres líneas: innovación en la transición energética, descarbonización del sector energético y mejora de la integración de renovables, y startups para la transición energética (https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/nuevos-modelos-de-negocio-para-la-transicion-energetica-dentro-del-perte-erha). Las dos primeras líneas exigen inversiones mínimas de 500.000 euros por proyecto y una contribución apreciable a la innovación o al avance más allá de las normas ambientales vigentes, mientras que la línea de startups apoya nuevos proyectos empresariales que contribuyan a los objetivos de descarbonización. Las ayudas se otorgan como subvención a fondo perdido, con intensidades máximas que varían según el tamaño de la empresa (por ejemplo, hasta el 45% para pequeñas empresas en proyectos de desarrollo experimental, ampliable si hay colaboración efectiva o amplia difusión de resultados) y topes de hasta 15 millones de euros por empresa y proyecto. Para startups, las cuantías máximas oscilan entre 0,4 y 0,8 millones de euros según se sitúen en zonas asistidas o no, pudiendo duplicarse para empresas innovadoras. Los proyectos se evalúan según su viabilidad económica, grado de innovación o protección ambiental, escalabilidad y potencial de mercado, viabilidad del equipo y externalidades en empleo, igualdad, reto demográfico y cadena de valor. 5. Nuevos impulsos: paquete de 2.000 millones y continuidad del esfuerzo inversor En 2025 se presentó un paquete adicional de ayudas a la descarbonización y la competitividad por unos 2.000 millones de euros, articulado en cuatro ejes: refuerzo de la cadena de valor industrial, integración de renovables, impulso a la movilidad eléctrica y soluciones térmicas innovadoras en ámbitos industrial y residencial (https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/2025/noviembre/sara-aagesen-anuncia-un-paquete-de-impulso-a-la-transicion-energ.html). Este paquete se nutre de fondos del PRTR y del Marco europeo de ayudas estatales para la industria limpia (CISAF), que permite adjudicar ayudas hasta finales de 2028 y, en algunos casos, ejecutarlas más allá. En cadena de valor industrial, se prevén nuevas convocatorias por 300-350 millones de euros para proyectos relacionados con fotovoltaica, eólica, bombas de calor, electrolizadores, componentes de eficiencia energética, redes eléctricas y tecnologías transformadoras como hornos de arco eléctrico. Se incluye también una línea específica para adaptar infraestructuras portuarias al despliegue de tecnologías renovables marinas, con unos 200 millones, y se refuerza el apoyo al hidrógeno renovable, con ayudas tanto a la inversión (Capex) como a la producción (Opex) por 300-450 millones. En integración de renovables, se contempla una segunda convocatoria de repotenciación eólica, con hibridación y almacenamiento, dotada con 300-350 millones; una segunda convocatoria para centrales de bombeo hidroeléctrico (100 millones); y nuevas ayudas para renovables innovadoras con almacenamiento destinadas a proyectos agrivoltaicos, fotovoltaica flotante e integración de renovables en infraestructuras, por 150-200 millones. Asimismo, se prepara una orden ministerial para extender plazos de ejecución de proyectos complejos financiados con el PRTR (geotermia, energías marinas, biogás) más allá de agosto de 2026. En movilidad eléctrica, el paquete prevé un nuevo programa Moves Corredores para puntos de recarga en grandes vías (150-200 millones) y un Moves Flotas para consolidar flotas de reparto electrificadas (50 millones). En soluciones térmicas, se lanzará una nueva convocatoria para la electrificación de procesos de cogeneración basados en combustibles fósiles (40-75 millones) y una línea equivalente para redes de calor y frío (otros 40-75 millones) (https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/2025/noviembre/sara-aagesen-anuncia-un-paquete-de-impulso-a-la-transicion-energ.html). 6. Instituciones, gobernanza y participación social El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) es el órgano central de la política energética, climática y de biodiversidad, y coordina la acción del Gobierno en estos ámbitos, incluyendo la relación con la Unión Europea y organismos internacionales (https://www.miteco.gob.es/es.html). Bajo su tutela, el IDAE impulsa la diversificación energética, el ahorro y la eficiencia, diseña y gestiona programas de ayudas y ofrece apoyo técnico a empresas, administraciones y ciudadanos. Otros organismos y empresas públicas, junto con reguladores independientes y operadores de sistema y redes, completan la arquitectura institucional. La gobernanza de la transición energética exige además la participación de comunidades autónomas y entidades locales, responsables de planificación territorial, ordenación del suelo y políticas de proximidad. La coordinación multinivel es clave para integrar proyectos renovables en los territorios, evitar conflictos de uso del suelo y garantizar la aceptación social. El MITECO mantiene portales de participación pública para someter a información los proyectos normativos y de planificación, mientras que el IDAE canaliza consultas y apoyo técnico a través de sus servicios de información (https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/nuevos-modelos-de-negocio-para-la-transicion-energetica-dentro-del-perte-erha). Para incorporar de forma sistemática la voz ciudadana, IDAE y el Centro de Investigaciones Sociológicas han suscrito un convenio para elaborar un barómetro 2025-2026 sobre transición energética, basado en encuestas telefónicas y grupos de discusión, con un presupuesto de 355.000 euros (https://www.idae.es/noticias/el-idae-y-el-cis-elaboraran-un-barometro-2025-2026-sobre-la-transicion-energetica). Este barómetro medirá el conocimiento, actitudes y preocupaciones de la población respecto a renovables, movilidad eléctrica, autoconsumo, eficiencia y otros aspectos, y sus resultados servirán para ajustar instrumentos de apoyo, mensajes de comunicación y mecanismos de participación. 7. Datos, balances energéticos y evaluación de políticas Las estadísticas energéticas son la base para evaluar la coherencia y eficacia de la transición. La Secretaría de Estado de Energía publica balances de energía primaria y final, indicadores y datos de producción interna siguiendo metodologías de la Agencia Internacional de la Energía (https://www.miteco.gob.es/es/energia/estrategia-normativa/balances.html). Estos balances permiten analizar la estructura del mix energético, la evolución de la intensidad energética, la dependencia exterior y la contribución de las renovables. Publicaciones como el Libro de la Energía, la Coyuntura Trimestral y el Balance Energético de España ofrecen series temporales y análisis que se utilizan para elaborar el PNIEC, valorar el impacto de las medidas del Plan +SE, diseñar las convocatorias del PERTE ERHA y monitorizar el cumplimiento de objetivos europeos y nacionales. La calidad y puntualidad de estos datos es esencial para ajustar las políticas en tiempo real y para que empresas y financiadores puedan tomar decisiones informadas. 8. Tecnologías y vectores clave de la transición El despliegue de energías renovables eléctricas (solar fotovoltaica, eólica terrestre y marina, hidráulica, biomasa), combinado con almacenamiento y redes inteligentes, constituye el núcleo de la descarbonización del sistema eléctrico. Las inversiones en nuevos parques y en repotenciación de instalaciones existentes, junto con la integración de almacenamiento (baterías, bombeo hidroeléctrico) y la digitalización de redes de transporte y distribución, permiten absorber una mayor cuota de generación variable sin comprometer la estabilidad. El hidrógeno renovable emerge como vector estratégico para descarbonizar usos difíciles de electrificar (industria intensiva, transporte pesado, almacenamiento estacional) y para desarrollar un tejido industrial nacional de producción de electrolizadores, componentes y servicios asociados (https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/marco-estrategico-energia-clima.html). El biogás y el biometano contribuyen a la gestión sostenible de residuos y a la sustitución de gas fósil en usos térmicos e industriales, mientras que la eólica marina y otras energías del mar abren oportunidades tecnológicas y de exportación. En la demanda, la movilidad eléctrica se apoya en programas como los Moves, infraestructuras de recarga y electrificación de flotas, mientras que las soluciones térmicas innovadoras incluyen bombas de calor, redes de calor y frío eficientes y electrificación de la cogeneración. El autoconsumo y las comunidades energéticas locales permiten que hogares, pymes y entidades públicas se conviertan en agentes activos del sistema, reduciendo su factura y apoyando la integración de renovables distribuidas. 9. Impactos socioeconómicos: empleo, competitividad y cohesión La transición energética genera oportunidades de empleo en sectores como ingeniería, construcción de infraestructuras, fabricación de equipos, servicios energéticos, digitalización y mantenimiento de instalaciones. El refuerzo de la cadena de valor industrial ligado a renovables, almacenamiento, hidrógeno y soluciones térmicas puede impulsar la reindustrialización de algunas regiones, sobre todo si se combina con políticas de innovación y formación profesional. La mejora de la eficiencia energética y la sustitución de combustibles importados por recursos renovables autóctonos contribuyen a reducir la exposición a la volatilidad internacional de precios, mejorando la competitividad de empresas y la estabilidad macroeconómica. Asimismo, la reducción de emisiones locales de contaminantes atmosféricos asociada a la electrificación y a las renovables produce beneficios significativos en salud pública, especialmente en áreas urbanas. Sin embargo, la transición también conlleva costes de ajuste para sectores y territorios dependientes de actividades intensivas en carbono. La Estrategia de Transición Justa y los planes específicos deben asegurar alternativas económicas, reconversión profesional y soporte social para evitar despoblación y desigualdades territoriales (https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/marco-estrategico-energia-clima.html). 10. Riesgos, barreras y gestión de la transición Entre los riesgos destacan los retrasos en la ejecución de proyectos por complejidad administrativa, oposición local o limitaciones de capacidad de red. La planificación anticipada de infraestructuras y la participación temprana de comunidades y autoridades locales son esenciales para minimizar conflictos. La falta de certidumbre regulatoria o cambios bruscos en los esquemas de apoyo pueden desalentar la inversión privada, por lo que la estabilidad normativa es un requisito clave. En el plano financiero, los proyectos de energías renovables, almacenamiento, hidrógeno o redes suelen ser intensivos en capital, requiriendo marcos de financiación adecuados, instrumentos de mitigación de riesgos y participación de banca pública y privada. La pobreza energética constituye otro riesgo: si los costes de la transición se trasladan de forma desproporcionada a los consumidores vulnerables, pueden generarse resistencias sociales. Por ello, se mantiene una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética y se combinan medidas como bonos sociales, tarifas reguladas para colectivos vulnerables y programas de rehabilitación energética (https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/marco-estrategico-energia-clima.html). Desde el punto de vista tecnológico, existe la necesidad de asegurar el suministro de materias primas críticas, reforzar la autonomía estratégica en componentes clave y evitar nuevas dependencias exteriores. La Hoja de Ruta para la gestión sostenible de materias primas minerales y la Estrategia de Almacenamiento Energético contribuyen a gestionar estos riesgos. 11. Agenda de acción para administraciones, empresas y ciudadanía Para las administraciones públicas, la agenda prioritaria incluye: consolidar el Marco Estratégico de Energía y Clima en planes y presupuestos anuales; acelerar la simplificación administrativa para proyectos renovables, de redes y autoconsumo; alinear la planificación energética con la ordenación del territorio; desplegar instrumentos financieros innovadores (garantías, préstamos blandos, fondos de coinversión); reforzar las políticas de formación y reconversión laboral; y aprovechar los resultados del barómetro IDAE-CIS para diseñar campañas de información y medidas adaptadas a las percepciones ciudadanas (https://www.idae.es/noticias/el-idae-y-el-cis-elaboraran-un-barometro-2025-2026-sobre-la-transicion-energetica). Para las empresas, las acciones recomendables pasan por integrar la transición energética en su estrategia corporativa, evaluando riesgos y oportunidades derivados de la descarbonización; identificar convocatorias de ayudas relevantes en el PRTR y PERTE ERHA y presentarse con proyectos sólidos; desarrollar modelos de negocio centrados en servicios energéticos, flexibilidad, autoconsumo colectivo o soluciones llave en mano; y medir de manera sistemática su huella de carbono, fijando objetivos de reducción alineados con los objetivos nacionales (https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/nuevos-modelos-de-negocio-para-la-transicion-energetica-dentro-del-perte-erha). Para la ciudadanía, las palancas comprenden la rehabilitación energética de viviendas (aislamiento, ventanas, sistemas de climatización eficientes), la adopción de autoconsumo individual o colectivo cuando sea viable, la elección de soluciones de movilidad de bajas emisiones (transporte público, movilidad activa, vehículos eléctricos o compartidos), y hábitos de consumo responsable. La participación en procesos de información pública, encuestas y foros locales permite influir en las decisiones de planificación y en el diseño de políticas. 12. Conclusión general La transición energética en España se apoya en un conjunto coherente de objetivos climáticos y energéticos, un marco normativo ambicioso, programas de financiación de gran escala y una creciente atención a la aceptación social y la justicia territorial. El potencial renovable, la estructura institucional y los recursos puestos a disposición a través del PRTR y del PERTE ERHA sitúan al país en una posición favorable para avanzar hacia un sistema energético descarbonizado, seguro y asequible. La clave reside en mantener la coherencia y estabilidad de las políticas, gestionar de forma anticipada los riesgos y costes de ajuste, y aprovechar al máximo las oportunidades industriales, tecnológicas y sociales que ofrece la transición para construir un modelo energético y económico más resiliente y equitativo.